VIABILIDAD DE UNA LEY ESTATAL ORDENADORA DE LA PROFESIÓN

Alberto Palomar Olmeda

Resumen


El modelo de ordenación de la profesión de los educadores de educación física
pasa, sin duda, por un momento de indefinición. El fraccionamiento de la ordenación que se traduce en las leyes de las diferentes autonomías por ausencia de la
normativa estatal implica una cierta distorsión sobre el papel del Estado. El presente trabajo tiene como objetivo justificar la posibilidad de una norma de carácter
estatal que se centré, en esencia, en establecer una reserva funcional del máximo
nivel para el conjunto del territorio español. Esta reserva funcional debe abarcar,
únicamente, a las profesiones tituladas del primer nivel ya que este el ámbito funcional que la jurisprudencia constitucional admite en el marco de la competencia
del Estado. Adicionalmente a la propia justificación de la competencia estatal lo
que resulta esencial es encontrar el ámbito material de la reserva funcional y la justificación del interés público. Esta justificación se fundamenta en la salud pública,
en la protección de los consumidores y de los colectivos específicos, títulos que
admitirían la concreción de ese ámbito funcional entorno a una profesión.
La adopción de la norma estatal exigiría superar el test de proporcionalidad
diseñado por el derecho comunitario para propiciar la validez de una distracción
funcional de un mercado que, de otra forma, puede ser libre. Es cierto que este test
y este efecto se plantean no solo en relación con la eventual norma estatal sino con
el conjunto de normas – incluidas las autonómicas- que produzcan el efecto real de
segregación de un ámbito parcial evitando la libre prestación de servicios.


Palabras clave


Ordenación de la profesión; Competencia estatal; Interés pú- blico; Educador deportivo; Reserva funcional; Justificación interés público

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